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"title": "Declaración en favor del derecho al aborto y por la justicia reproductiva",
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"description": "Las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamamiento a defender la justicia reproductiva como un principio esencial de la democracia, los derechos humanos y la igualdad. La justicia reproductiva reconoce el derecho de todas las personas a decidir libremente si desean tener hijos o no, cuándo tenerlos y en qué condiciones, así como el derecho a criarlos con dignidad, seguridad y los apoyos necesarios. Supone entender que las decisiones reproductivas solo son verdaderamente libres cuando existen las condiciones sociales, económicas, sanitarias y jurídicas que permiten ejercerlas sin violencia, discriminación ni coerción. Desde esta perspectiva, el derecho al aborto constituye una pieza imprescindible de la justicia reproductiva. Defenderlo implica también garantizar las maternidades deseadas, combatir las desigualdades que condicionan la libertad de decidir y asegurar que ninguna persona vea limitada su capacidad de construir su proyecto de vida por razones de género, origen, situación administrativa, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad y/o recursos económicos. Sin embargo, asistimos a una creciente ofensiva política y cultural que cuestiona estos principios. En distintos países observamos cómo el derecho al aborto vuelve a situarse en el centro de las agendas de los movimientos de la extrema derecha. Pero esta ofensiva ya no se expresa únicamente mediante propuestas de prohibición o restricción directa. Se desarrolla también a través de estrategias graduales que transforman el lenguaje, las categorías jurídicas y las políticas públicas relacionadas con la autonomía reproductiva. La incorporación de nuevas categorías como el «concebido no nacido», los discursos que sitúan la natalidad como una cuestión de «prioridad nacional», la promoción de determinados modelos familiares o las iniciativas que desplazan el foco desde los derechos de las personas hacia supuestos intereses demográficos forman parte de un cambio de paradigma que merece una reflexión democrática profunda. Los derechos rara vez desaparecen de un día para otro. Antes cambian los marcos desde los que una sociedad los interpreta. Por eso resulta imprescindible analizar críticamente estos procesos antes de que se traduzcan en nuevas barreras para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos. El derecho al aborto forma parte de los Derechos Humanos y es una garantía democrática El acceso al aborto deriva directamente del derecho a la soberanía corporal, la salud, la dignidad, la igualdad, la privacidad y la no discriminación. Así lo han reconocido de forma reiterada Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Comité CEDAW, el Comité DESC, el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, que han recordado la obligación de los Estados de garantizar un acceso efectivo, seguro, universal y libre de discriminación a los servicios de aborto. Garantizar este derecho no consiste únicamente en mantener su reconocimiento legal. Implica asegurar que pueda ejercerse en condiciones reales de equidad. Todavía hoy persisten importantes desigualdades territoriales, obstáculos administrativos, dificultades derivadas de la objeción de conciencia, falta de información accesible, situaciones de violencia institucional y campañas organizadas de estigmatización y acoso. Nuestra experiencia cotidiana demuestra que estas barreras continúan existiendo y afectan especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Defender la justicia reproductiva significa defender los límites del poder del Estado Las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de garantizar derechos, no de orientar las decisiones reproductivas de la ciudadanía. Las políticas públicas deben hacer posible que todas las personas puedan decidir libremente si desean tener hijos, cuándo hacerlo y en qué condiciones; garantizar que quienes desean ser madres o padres puedan serlo con dignidad; y asegurar que nadie sea obligado a continuar un embarazo o vea condicionada su reproducción por motivos económicos, sociales, culturales o ideológicos. La reproducción no puede convertirse en una herramienta al servicio de objetivos demográficos, identitarios o políticos. Cuando el Estado deja de proteger la autonomía reproductiva para comenzar a orientar quién debe reproducirse, qué familias merecen reconocimiento o qué maternidades deben promoverse, deja de ampliar derechos y gobierna la reproducción como herramienta de control social. Por ello, defender la justicia reproductiva es también defender una democracia basada en la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Por todo ello, las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamamiento a: Garantizar el acceso efectivo, universal y equitativo al aborto en todo el territorio, eliminando las barreras territoriales, económicas, administrativas y sociales que aún persisten. Reforzar los sistemas públicos de salud como garantes de los derechos sexuales y reproductivos, asegurando servicios accesibles, profesionales formados y una regulación adecuada de la objeción de conciencia. Proteger el derecho al aborto frente a cualquier retroceso legislativo, institucional o administrativo que debilite las garantías existentes o erosione progresivamente la autonomía y la justicia reproductiva. Combatir el estigma, la desinformación, el acoso y la violencia contra quienes ejercen este derecho y contra quienes lo garantizan. Impulsar políticas públicas basadas en los derechos humanos, la evidencia científica y la justicia reproductiva, garantizando tanto el derecho a no tener hijos como la opción de tenerlos y criarlos en condiciones dignas. Defender la justicia reproductiva como un principio esencial de cualquier democracia, reafirmando que el papel del Estado consiste en garantizar derechos y crear las condiciones para ejercerlos, nunca sustituir la voluntad de las personas ni orientar sus decisiones reproductivas. Invitamos a organizaciones sociales, entidades feministas, sociedades científicas, colegios profesionales, instituciones académicas, organizaciones de derechos humanos y a todas las personas comprometidas con la justicia social a adherirse a esta Declaración y a construir una alianza amplia en defensa de la justicia reproductiva. Porque defender la justicia reproductiva es defender una sociedad donde todas las personas puedan decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro en condiciones de libertad, igualdad y dignidad. Y porque no hay democracia plena cuando el poder público pretende decidir sobre la reproducción de las personas.",
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