Presidente Biden y miembros del Congreso: ¡Pongan fin a la criminalización de las personas migrantes, #LibertadParaTodxs!

PARA: La administración Biden-Harris y el Congreso de EE. UU.

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La libertad es un derecho humano fundamental para todas las personas. Pero en este momento, un promedio de 50,000 personas están recluidas en centros de detención todos los días.[1] A pesar de las afirmaciones de los políticos y de las agencias antiinmigrantes, la detención de migrantes no contribuye[2] en nada a la seguridad de los Estados Unidos[3] y, además de los enormes abusos contra los derechos humanos que ocurren en los centros de detención, es un malgasto de al menos $1800 millones al año.[4] Estos fondos podrían reorientarse a las comunidades inmigrantes, para brindar a las familias asesoramiento legal, vivienda, salud, transporte, educación y otros programas. A través de la campaña #LibertadParaTodxs, exhortamos a reconocer que las personas que migran tienen derecho a buscar protección y regularizar su situación migratoria, sin ser detenidas ni encerradas.

Fuentes:

  1. “Immigration Detention 101.” (Detención de inmigrantes, guía básica) Detention Watch Network. October 28, 2021.
  2. Helbling, Mark. Daniel Meierrieks. “Terrorism and Migration: An Overview.”  (Terrorismo y migración: una visión general). Cambridge University Press. December 17, 2020.
  3. Flagg, Anna. “Is There a Connection Between Undocumented Immigrants and Crime.”  (¿Existe una conexión entre los inmigrantes indocumentados y el crimen?). The Marshall Project. May 13, 2019.
  4. “FY 2022 Budget in Brief.” (Presupuesto para el año fiscal 2022 en resumen). Department of Homeland Security.
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A: PARA: La administración Biden-Harris y el Congreso de EE. UU.
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Les instamos a que actúen de inmediato para promulgar políticas que logren la libertad de las comunidades inmigrantes de origen latinoamericano, las cuales se ven afectadas de manera desproporcionada por la criminalización y el encarcelamiento masivo. Esto es lo que pueden hacer:

• Eliminar la detención de personas inmigrantes y desfinanciar las prisiones privadas. Esto también incluye eliminar otros programas que violan el derecho a la privacidad de las personas, como grilletes, monitores de tobillo, reconocimiento facial y seguimiento de geolocalización.

• El gobierno de EE. UU. debe invertir al menos $400 millones como parte del presupuesto del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para un programa de representación legal universal que brinde asesoría legal a todas las personas migrantes que enfrentan la deportación.

• El presidente Biden debería actualizar una orden ejecutiva para poner fin al uso de prisiones privadas para todas las personas bajo custodia penal federal, incluyendo los centros de detención de inmigrantes.

• Prohibir el uso de fondos de ayuda de COVID-19 para la construcción de cárceles o prisiones, o presupuestos policiales.

Atentamente,