Como es de su conocimiento, el jueves 19 de mayo del año en curso, la Legislatura del Estado aprobó la "Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, cuyas iniciativas previas fueron rechazadas por amplios frentes ciudadanos y cuyo dictamen final no fue sometido a revisión pública, ignorándose la petición de Parlamento abierto en violación al acuerdo de Escazú y a los componentes del derecho humano al agua, ambos mandatos a los que toda regulación en la materia está sujeta.

En las últimas dos semanas, desde que las iniciativas se hicieran públicas, más de 30 organizaciones locales, y otros actores, incluidos todos los grupos ambientalistas y la máxima casa de estudios del Estado, alertaron sobre el contenido y sus posibles consecuencias. A tal llamado se sumaron, entre otras, la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua, la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, la Red Mexicana de Cuencas, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho humano al agua y la Freshwater Action Network México (FANMex).

Esto debido a que la iniciativa aprobada:

-Omite la conservación de las fuentes de agua y los atributos del derecho humano al agua, desvinculando al servicio público de su relación innegable con la garantía de este derecho, así como del derecho al medio ambiente sano.

-Fortalece la concesión del servicio público del agua a entes privados, en contrasentido de las necesidades de la realidad hídrica del estado.

En los últimos diez años diversas investigaciones académicas y periodísticas han expuesto reiteradamente los impactos negativos que ha tenido este modelo en la ciudad de Querétaro, donde actualmente pueden verse todas las consecuencias alertadas por el Relator de Naciones Unidas por el derecho humano al agua y al saneamiento en su informe especial sobre privatización en el mundo.

En medio de protestas sociales y un amplio rechazo ciudadano, el Poder Legislativo aprobó una ley que reafirma un modelo que ha traído injusticia hídrica, deterioro ambiental y conflictos en un contexto de emergencia climática. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo, en su obligación de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos, poner freno.

Por lo anterior, la ciudadanía exige que ejerza la facultad de VETO, amparada por la Constitución Política del Estado de Querétaro, para oponerse a la Ley que el Congreso Local le envía para su promulgación y publicación.