Las personas que integramos la comunidad del Ejido Constitución vivimos honestamente de nuestro trabajo en la agricultura y en la ganadería desde hace varias décadas para producir alimentos para nosotros y nuestro país. Para realizar estas actividades productivas en una zona muy árida, pero con buena tierra, nos es indispensable extraer agua del subsuelo. Hemos perforado y operado nuestros pozos con total apego a lo que la Ley señala y ello nos ha permitido subsistir como familias y como comunidad, lo mismo que a otras comunidades de la misma Cuenca del Río del Carmen, como nuestros vecinos del Ejido Benito Juárez.

Sin embargo, recientemente un grupo de personas conocidos como los Le Baron adquirieron un predio frente a nuestra comunidad, denominado el Rancho La Mojina. Han realizado desmonte de tierras sin permiso de cambio de uso de suelo y perforado ya más de una decena de pozos y están operando varios de ellos para el riego y cultivo de nogales. Esto, en primer lugar, ha deprimido el nivel de nuestros pozos y lo ha disminuido notablemente. En segundo lugar, constituye una violación a la Ley de Aguas Nacionales y la normatividad que de ahí emana, pues, como lo ha constatado la Comisión Nacional del Agua, dichos pozos en su gran mayoría son ilegales, o no cuentan con el permiso de extracción del agua o el permiso es apócrifo.

Ante la creciente escasez de agua para nuestra comunidad y la tardanza de las autoridades respectivas para detener este saqueo ilegal del vital líquido, emprendimos apoyados por El Barzón, diversas acciones de denuncia y de resistencia civil pacífica para denunciar el hecho ante la opinión pública para poner un alto a la explotación irresponsable de nuestro acuífero.

A las acciones que realizamos, siempre en el marco de la Ley de la convivencia pacífica, el grupo de los Le Baron ha emprendido una campaña de amenazas y de linchamiento mediático contra varios compañeros dirigentes de El Barzón y de nuestras propias comunidades.

Las calumnias y denuestos esgrimidos por los propietarios del Rancho La Mojina en el municipio de Buenaventura en contra de las y los barzonistas buscan crear una cortina de humo que impida a la opinión pública captar la verdadera dimensión de la problemática ambiental provocada en dicho predio por sus propietarios y justificar a priori cualquier agresión en contra de quienes en todo momento hemos defendido de forma pacífica y legal los derechos de las comunidades y de las familias

Hay que partir de un hecho fundamental, incuestionable, constatado por las autoridades respectivas: los propietarios del rancho La Mojina han perforado y están operando una docena de pozos de manera totalmente ilegal. De esto da fé la Comisión Nacional del Agua. El hecho de que las artimañas legaloides del grupo Le Baron hayan impedido por lo pronto la clausura de los pozos de ninguna manera legaliza la perforación y extracción del agua de los mismos en detrimento de las familias que los precedieron en la cuenca que ahora tienen dificultad incluso para extraer agua para uso doméstico.

Hay un ominoso presente del que queremos dejar testimonio para evitar consecuencias funestas para las personas defensoras del medio ambiente: en octubre de 2012 se desencadenó una muy semejante campaña de linchamiento y de calumnias en contra de las y los defensores del agua de la cuenca del río del Carmen. Dicha campaña desembocó, primero, en el asesinato de los luchadores Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, el 22 de ese mismo mes y año y, posteriormente en el asesinato de Alberto Almeida, en febrero de 2015.

Las comunidades del Ejido Constitución, del Ejido Benito Juárez, el Barzón y organizaciones que nos apoyan, manifestamos a la opinión pública que consideramos totalmente legal y legítima la lucha de las comunidades de la cuenca del río del Carmen en defensa del agua y del medio ambiente y en contra de la devastación propiciada por proyectos ilegales como el del rancho La Mojina en el municipio de Buenaventura.

Avalamos la calidad moral de las y los dirigentes de El Barzón atacados y amenazados por los propietarios de dicho rancho y advertimos a las autoridades para que se tomen todas las medidas cautelares para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de las y los defensores del derecho al agua y al medio ambiente.

Queremos dejar muy bien clara nuestra postura y reiterar nuestra opción por la resistencia civil pacífica, así como señalar sin ningún rodeo de dónde puede provenir cualquier agresión en contra nuestra.

Bowerasa Haciendo Camino, A.C.; Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos Humanos para la Infancia, A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Grupo de Abogadas Demócratas; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua); Organización Popular Independiente, A.C.