No convenció el proceso “participativo” utilizado por la Comisión de Agua Potable que usted preside, para lograr una Ley General de Aguas. Resultó favorecer a los “intereses” a costa de las comunidades y ciudadan@s, como explicamos aquí, citando los artículos de su propuesta.

Autorizaba el uso de aguas nacionales para el uso minero sin concesión (160) y para el “fracking” (4LX). Facultaba a la Secretaría de Energía a concesionar aguas nacionales para geotermía en zonas vedadas (164). Permitía el control privado sobre presas (162), sobre humedales (47) y sobre acueductos, con todo y las aguas transportadas (77).

Proponía que las concesiones fueran ilimitadamente renovables (53) y heredables (62). Con el apoyo del Banco del Agua (93), las empresas concesionarias podían “vender” o “rentar” las aguas nacionales (54, 60, 64) o adquirirlas con fines especulativos (69).

Sentaba las bases para la privatización de los sistemas municipales y estatales del agua (184), y obligaban a los gobiernos a garantizar el pago oportuno de tarifas (7), y a asegurar las utilidades de las empresas frente a la inflación (88, 121) o frente a la extinción anticipada de sus concesiones (121).

Mientras tanto, su iniciativa de ley NO respetó el mandato constitucional de sentar las bases para que la ciudadanía participe al lado de los tres niveles de gobierno para lograr el acceso EQUITATIVO y SUSTENTABLE al agua.

NO previó como poner fin al sobreconcesionamiento del agua, ni enfrentó el actual traslado masivo hacia empresas mineras, petroleras y embotelladoras, de “las concesiones caducas” de los ejidos.

NO previó mecanismos para que los pueblos originarios recuperen sus derechos al agua, ni para poner fin al solapamiento de los grandes contaminadores del agua en el país.

Usted ha estado promoviendo la privatización de los servicios de agua no solo en su iniciativa de ley (3 II, III; 8 V; 120; 125; 184), sino con el recorte en un 80% de los recursos federales disponibles para infraestructura hidráulica para los 2500 municipios del país. Siendo Presidente de la Comisión de Agua Potable, solo asignaron $3.4 mil millones para este concepto para 2018, mientras que subsidiaron al Grupo Carso con otros $3.2 mil millones para Emisor Oriente, que llevaría las aguas del Valle de México a su megaplanta de tratamiento en Atotonilco. Notamos que el Emisor Oriente, asignada a Carso sin licitación en 2007 a un costo total de $9 mil millones, ya ha tragado $44 mil millones, y no tiene fin (Informe Auditoría Superior de la Federación, 17 noviembre 2017).

La ciudadanía iniciamos la construcción de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas desde la reforma constitucional que la mandató en febrero de 2012. Ahora usted propone posponer el debate sobre quiénes deben controlar las aguas de la Nación, y con qué fines, hasta la próximo legislatura. Afirmamos aquí que no descansaremos hasta lograr la ley de aguas que el pueblo de México requiere.