La edición genética es una de las técnicas de la biotecnología moderna y rebasa las barreras naturales de la reproducción y la recombinación, al igual que la transgénesis. Esto quiere decir que involucra mecanismos de modificación genética dirigida que no ocurren en las plantas sin intervención de la biotecnología moderna, y que no han sido generados durante la cruza, reproducción o polinización natural de las plantas.

Aun si algunas modificaciones puntuales pudieran generarse en principio por procesos como la mutación, la edición génica rebasa estos mecanismos. Más aún, en muchos casos la edición genética se usa para generar transgénicos y promueve el desarrollo de patentes que limiten el libre uso del maíz. Por todo ello, esta técnica está prohibida en el maíz a partir de la reforma constitucional de febrero de 2025 a los artículos 4 y 27, y se encuentra regulada por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Sin embargo, han surgido grupos que confunden y presentan la edición genética como una excepción y una promesa. Pero conocemos la historia y hemos aprendido de las lecciones previas. Quienes promueven la edición genética nos dicen que es una técnica segura, tal cual han dicho una y otra vez de otras tecnologías que han causado graves daños sociales y ambientales.

La historia muestra que discursos similares se usaron para retrasar la aplicación del principio de precaución y tratar de minimizar los efectos de productos como el tabaco o el DDT en la salud; hoy sabemos las consecuencias. La edición genética no es una tecnología radicalmente nueva: representa sólo una evaluación en las herramientas para introducir o modificar información genética sin considerar la complejidad de los organismos.

A pesar de calificarlas con nombres como "mejoramiento de precisión" o de presentarlas como estrategias de conservación o de salud pública, no existen estudios suficientes que demuestren la seguridad de la exactitud de la edición genética, ni se ha probado su inocuidad ni la ausencia de daños ambientales en condiciones ambientales, productivas y de consumo, mucho menos en las condiciones específicas de México. Incluso, algunas de las aplicaciones de esta técnica están orientadas a acelerar su dispersión en la naturaleza, generando efectos inestimables, imprevistos e indeseables, algunos de los cuales pueden heredarse de generación en generación, tanto en el organismo modificado como en su entorno.

Por todo esto, la edición genética no puede considerarse una tecnología libre de riesgos hacia las personas y los ecosistemas, e implica incertidumbres que no podemos asumir.

Hoy hay quienes, ignorando las lecciones sobre flujo génico y efectos indeseados e impredecibles que hemos aprendido con los transgénicos, impulsan su adopción y proponen su uso en cultivos de los que México es centro de origen y diversidad.

La biodiversidad y la agrobiodiversidad con todo su valor cultural y social, están bajo presión, en muchos casos en situación crítica.

La incorporación de estas tecnologías introduce nuevos riesgos.

Por lo anterior, más de 90 organizaciones y cientos de científicos de todo el mundo pugnan actualmente por una moratoria de la ingeniería genética en la naturaleza. Dicen, con razón, que la "naturaleza no tiene botón de deshacer". Estas tecnologías, una vez liberadas al ambiente, no pueden eliminarse: los cambios, de ser dañinos, son irreversibles.

Tenemos la responsabilidad de heredar a las siguientes generaciones ecosistemas resilientes y que sustenten la vida, incluyendo paisajes productivos. México, como centro de origen del maíz y de múltiples cultivos, tiene el derecho y la obligación de aplicar el principio precautorio.

La enorme agrobiodiversidad que alberga México es fundamental para avanzar hacia la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, así como para enfrentar el cambio climático. Los enfoques de conservación, agricultura y salud pública deben respetar, y no socavar, la integridad de nuestros ecosistemas y nuestra agrobiodiversidad.

Vemos enormes posibilidades y necesidades de investigación científica, pero sostenemos que los recursos públicos no deben destinarse a estudiar o resarcir los daños de tecnologías que vulneran el derecho a una alimentación y un medio ambiente sanos.

Apostemos al desarrollo de investigación científica y humanista verdaderamente rigurosa y de frontera, y al fortalecimiento de los conocimientos locales que, como indica la Constitución, prioricen la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los manejos agroecológicos.

Por todo esto, demandamos que el cultivo de maíz en el territorio mexicano esté libre de modificaciones genéticas, tal cual se establece en la Constitución Mexicana.