Ante la expansión sin regulación de megaproyectos extractivos y contaminantes en Yucatán que sigue profundizando el despojo del territorio de las comunidades Mayas, el acaparamiento y la contaminación del agua, el incumplimiento al derecho humano al agua y saneamiento, así como a los derechos de los pueblos originarios y de la naturaleza, así como el impacto a la salud pública y ambiental; las comunidades Mayas, organizaciones socioambientales, académicas, campesinas, estudiantiles, y sociedad en general. Demandamos a las y los Servidores Públicos con cargos de representación popular (municipal, estatal y federal) de Yucatán cumplan y prioricen los

15 Compromisos para la agenda de políticas públicas en materia del Agua y Territorio para Yucatán.

Que en los planes de gobierno, políticas públicas, acciones de gobierno y medidas legislativas se reconozca a Yucatán como un territorio kárstico de alta vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea y a la sobre extracción, y se reconozca al acuífero kárstico como patrimonio cultural natural de México.

Proteger nuestro territorio kárstico y aguas subterráneas ya cenotes, así como aguas costeras de proyectos destructivos no aptos para la región, regulando urgentemente la entrega indiscriminada de concesiones impactos a la salud humana y al medio ambiente. de agua a las grandes empresas y en general a los proyectos altamente extractivos y contaminantes con altos impactos a la salud humana y al medio ambiente.

Respeto irrestricto al derecho de los pueblos originarios mayas de participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan y a su derecho a la consulta libre, previa e informada de acuerdo con los protocolos del derecho nacional e internacional

Poner un alto a la criminalización institucional de los defensores del agua, la tierra y la biodiversidad de las comunidades, organizaciones socioambientales y de derechos humanos, así como la liberación incondicional de las y los defensores sociales y ambientales que se encuentran bajo proceso.

Dar cumplimiento al compromiso de no autorizar más mega granjas porcinas y avícolas en Yucatán y regularizar las que se encuentran en operación, con especial énfasis las que se encuentran instaladas en la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes (Sitio Ramsar compuesto por 53 municipios), respetando la legislación local, nacional e internacional; ni permitir, a nivel estatal, más mega desarrollos (refresqueras, cerveceras, inmobiliarias, turísticas, industriales) sin Manifestaciones de Impacto Ambiental fundamentadas y revisadas, tomando en consideración el sistema kárstico y el derecho y principios precautorios que marcan la ley.

Hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento de las comunidades y ciudadanía reconocidos en las leyes nacionales y en los acuerdos internacionales, especialmente de grupos vulnerables como pueblos originarios, núcleos agrarios, mujeres, niñas y niños, migrante.

Implementar programas urgentes de restauración de nuestras aguas subterráneas, cenotes y aguas costeras.

Disminuir la contaminación, evitando la inyección de aguas mal tratadas, de aguas residuales de la industria agropecuaria e industriales en Yucatán, a través de un programa de transición a cinco años.

Contribuir a garantizar la soberanía alimentaria con programas de agroecología, cultivo y alimentación ancestral, fortaleciendo la milpa y el solar maya. No más subsidios a modelos agroindustriales extractivos que generan pobreza.

Incrementar y fortalecer programas de campo con fondos suficientes, así como programas de investigación socioambiental, recopilación y análisis de información y construcción de capacidades en el sistema kárstico, buscando la colaboración entre organizaciones sociales, ambientales y académicas con las comunidades, que acrediten un verdadero trabajo y compromiso, en un marco de aprendizaje mutuo. Así como programas de ecotecnias basados en los saberes ancestrales.

A través de programas educativos y el fomento de la cultura de participación, promover la participación ciudadana en el cuidado y la gestión del agua para que puedan vigilar y dar seguimiento con total transparencia al trabajo de las administraciones públicas y contribuir a poner fin a la corrupción y a la impunidad hídrica.

Regular las actividades turístico-recreativas en cuevas, cavernas, grutas, reholladas y cenotes para su uso y conservación adecuados.

Apoyar la aprobación del dictamen de la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas, y próxima ley estatal, que garanticen el derecho humano al agua y al saneamiento, con participación ciudadana, y que ponga fin al modelo neoliberal que ha sentado las bases jurídicas de la contaminación, el acaparamiento y el saqueo en México del agua en las últimas tres décadas.

Reconocer en la legislación estatal a las Contralorías ciudadanas autónomas del agua como una herramienta ciudadana para influir en el quehacer gubernamental en torno a la gestión del agua y su entorno natural; para promover actos de gobierno a favor del derecho humano al agua y de los pueblos al agua y denunciar la corrupción.

Apoyar y garantizar la participación ciudadana, los foros y parlamentos abiertos para la elaboración de una nueva ley de aguas estatal, que realmente garantice el derecho humano al Agua y al saneamiento y priorice a los pueblos indígenas y comunidades.