#NoEsNormal: Por un alto a la Policía Criminal

Por este conducto, los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas mexicanos, familiares de víctimas, colectivos y organizaciones de Derechos Humanos exigimos a las autoridades municipales, estatales y federales un alto inmediato a la violencia policial en contra de personas desarmadas y en ejercicio de sus derechos.

El Estado mexicano debe emprender acciones urgentes que aseguren la justicia para las víctimas, castiguen a las personas responsables y atiendan las causas del actuar criminal y homicida por parte de elementos de seguridad pública en contra de ciudadanos y ciudadanas a las que deberían proteger.

Las evidencias de las múltiples denuncias ciudadanas, formales y registradas en redes sociales demuestran, demuestran que este no es un problema individual, sino una serie de prácticas estandarizadas, aceptadas y estimuladas por los responsables de las fuerzas policiacas municipales y estatales, que tienen como objetivo intimidar, aterrorizar y violentar los derechos de ciudadanos y ciudadanas.

• El 3 de agosto, Jose Eduardo Ravelo Echavarría murió a manos de policías municipales días después de que policías lo detuvieron en el centro de Mérida para posteriormente golpearlo y violarlo. Días después comenzaron a circular videos donde se ve a los elementos policiacos violentar hasta dejarlo inconsciente.
  
  

• El pasado 19 de agosto, elementos de la Fiscalía del estado de Jalisco desalojaron a un grupo de estudiantes del Parque Huentitán a las 3 de la mañana. Con amenazas y usando armas largas, retuvieron por la fuerza y mantuvieron incomunicados a las y los 15 jóvenes, incluyendo a una menor de edad.

• El 9 de julio pasado, un grupo de mujeres que ejercía su derecho a la protesta frente a las instalaciones de la SEP Jalisco, exigiendo un alto a los casos de abuso sexual a menores de edad en una primaria de Zapopan, fueron víctimas de una fuerte violencia policial que terminó en la detención arbitraria e ilegal de 10 mujeres, incluida una mujer con su bebé.
  
  

• En León, Guanajuato, el 26 de junio, la policía detuvo y golpeó a al menos 38 personas en distintos puntos de la ciudad por “no traer cubrebocas”. Después de agredirlos, los subían a una patrulla donde era imposible el distanciamiento social, exponiendo a las personas al contagio de COVID19.

• El 6 de julio, en Jalisco, elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron arbitrariamente y amenazaron a una persona ejerciendo su derecho a fotografiar una patrulla. Tomaron sus datos y le advirtieron que si hubieran sido elementos “pasados de lanza”, lo hubieran desaparecido.
  
  

• El 30 de junio, en Iztapalapa, CDMX, un papá y su hija menor de edad fueron detenidos ilegalmente y además les sembraron droga por lo que el padre fue acusado de delitos contra la salud. En los videos se observa el uso excesivo de la fuerza y amenazas contra el hombre y su hija.
  
  

• En Amatitlán Jalisco, Enriqueta Sánchez denuncia haber sido detenida arbitrariamente por policías que después la torturaron física y psicológicamente. Ella subió un video a youtube donde narra como policías hombres y mujeres la agredieron toda la noche sin dejarle hablar con su familia y sin decirle el motivo por el que la detenían.
  
  

Estos casos son solo una muestra de la violencia desatada por parte de policías que actúan con la connivencia de autoridades municipales, estatales y federales, al punto de volverse “normal” en muchas comunidades. #NoEsNormal.

• Los Gobiernos municipales deben romper el pacto de corrupción e impunidad en las fuerzas de seguridad municipal con mecanismos de control, evaluación, formación, reclutamiento, ascenso y destitución transparentes, vinculantes y efectivos

• Los gobiernos estatales, además de establecer también mecanismos de control, evaluación, formación, reclutamiento, ascenso y destitución transparentes, vinculantes y efectivos, deben supeditar el envío de recursos y equipamiento a altos estándares de desempeño. Ninguna sección de policía debe recibir recursos o equipamiento cuando tiene antecedentes de maltrato, abuso, violencia y corrupción sin aclarar o sentencias pendientes.  

• El Gobierno Federal debe asegurar las mejores prácticas de seguridad ciudadana, que pongan a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de su labor, y supeditar el envío de recursos y equipamiento a altos estándares de desempeño, reteniendo recursos y equipamiento a aquellas corporaciones que tienen antecedentes de violencia o sentencias pendientes.

• Los sistemas de justicia deben asegurar el castigo a las autoridades responsables de forma directa y a la cadena de mando cómplice por omisión y dotar de apoyo a los ciudadanos para que las denuncias de abuso policiaco cuenten con el apoyo legal, social y económico necesario para asegurar la justicia.

Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando con fuerza cualquier abuso de la policía y sumándose al llamado de alto a la #PolicíaCriminal.

La violencia no se combate con violencia. La brutalidad policial ejercida sobre los y las ciudadanos y ciudadanas, mayoritariamente de grupos y comunidades vulnerables, es una práctica que evidencia, sostiene, perpetúa la violencia del Estado.

#NoEsNormal. En un régimen democrático y de derechos, no hay lugar para la violencia policial.

A t e n t a m e n t e

Familiares de José Eduardo Ravelo

NuestraRedMx

Global Exchange

Instituto Pro Igualdad y Desarrollo Sustentable A.C. IGUALITAT A.C.