Les escribimos para proponerles la realización conjunta durante los próximos meses de una serie de foros temáticos y regionales con el fin de identificar consensos entre el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía para el Programa Nacional Hídrico y la próxima Ley General de Aguas. Estos foros abiertos permitirían revisar desde todas las perspectivas posibles las propuestas de marco legal y de gestión de cuencas, de concesiones y de sistemas de agua y saneamiento, que se han ido generando a través de siete años de trabajo amplio e intensivo a lo largo de la República.

Los abajo firmantes nos fundamentamos en décadas de trabajo para documentar y diagnosticar las causas de las crisis del agua del país, así como de proponer y construir soluciones--a través de planes hídricos, la construcción de comités y comisiones de cuenca y la participación en Consejos de Cuenca, proyectos pilotos, el diseño de instrumentos para lograr la restauración de cuencas, la operación de sistemas comunitarios modelo, la democratización y saneación de sistemas municipales, acciones legales en defensa del agua como bien común, el diseño de tecnologías apropiadas—esfuerzos con resultados ampliamente reconocidos y replicables. Buscamos que la solidez de estos procesos pueda articularse con el quehacer de la Secretaría y la Comisión que ustedes dirigen.

Quisiéramos mencionar nuestra incomodidad con la intención por parte del Consejo Consultivo del Agua, A.C., la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, la Asociación Nacional de Usuarios del Riego y la Asociación Mexicana de Hidráulica, de generar un “Pacto Social por el Agua,” con el aparente apoyo de la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua. Cuestionamos este proceso, dado que sus convocantes son los principales beneficiarios de una política hídrica que durante 30 años ha generado el acaparamiento, la marginación y el despojo; la priorización de recursos públicos para gigantescas obras hidráulicas de cuestionable valor a costa de obras locales urgentemente requeridas; la privatización de sistemas municipales con resultados desastrosos; así como procesos ampliamente documentados de contaminación, corrupción e impunidad en el sector.

Les pedimos que no solo presten su aval a la iniciativa de estos actores, sino que apoyen y participen en los amplios procesos ciudadanos y de pueblos que surgieron a partir del mandato de la reforma al artículo 4º constitucional de febrero 2012, de contar con una Ley General de Aguas que sienta las bases para la participación ciudadana junto con la gubernamental con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido.