ACTUALIZADO EL 25 DE AGOSTO DE 2026 — Esta petición sigue abierta. Desde su publicación inicial, la Comisión de Investigación de la ONU ha emitido sus conclusiones, Microsoft ha reconocido públicamente dónde se consumieron sus servicios, y hemos completado un análisis jurisdiccional completo para cuatro países europeos. El análisis jurídico que sustenta esta petición figura ahora en un memorándum independiente. Cuando dicho memorándum y esta página difieran en cualquier cuestión de derecho, prevalece el memorándum. Para solicitar una copia, utilice el formulario de contacto en NoEthicsInBigTech.com.

Quienes suscribimos, ciudadanos y ciudadanas del mundo, instamos urgentemente al sistema judicial español a hacer valer el derecho internacional mediante la apertura inmediata de una investigación sobre cinco empresas tecnológicas estadounidenses —Amazon, Oracle, Palantir, Microsoft y Google— y sus altos directivos, por su apoyo material y consciente y su complicidad en el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército israelí en Gaza y Cisjordania.

Estas empresas no son terceros neutrales. Suministran la infraestructura tecnológica que hace posible la violencia y la destrucción que estamos presenciando.

Por qué España tiene competencia y el deber de actuar

España cuenta con una trayectoria destacada en la defensa de la justicia universal, ejemplificada por el procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Pero la vía más sólida hoy disponible no es la que la mayoría espera, y queremos ser precisos al respecto.

Jurisdicción territorial. El artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los tribunales españoles competencia sobre los delitos cometidos en territorio español. Conforme al principio de ubicuidad, adoptado por el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005, el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. Esa doctrina se desarrolló para los delitos cometidos a través de internet, donde la conducta y el resultado se producen en lugares distintos. Se aplica directamente a la infraestructura de computación en la nube distribuida.

Qué significa esto en la práctica. Un juzgado de instrucción español tiene la potestad de determinar qué se contrató, se desarrolló, se soportó técnicamente, se enrutó o se replicó a través de España por las filiales españolas de estas empresas, y por parte de quién. Ningún periodista ni ninguna organización puede responder a esas preguntas. Un tribunal con potestad para requerir la aportación de documentación sí puede.

La acción popular. España es el único país de Europa en el que cualquier ciudadano puede iniciar un procedimiento penal sin haber sido perjudicado personalmente. El artículo 125 de la Constitución y los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permiten a todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, interponer querella. Si usted es ciudadano español o representa a una organización española dispuesta a considerar el ejercicio de la acusación popular, ese es el apoyo más valioso que podría prestarse a este esfuerzo.

Presencia en España. Las cinco empresas mantienen operaciones comerciales, oficinas, clientes y activos en España a través de filiales inscritas en el Registro Mercantil. Esa presencia es lo que convierte la cuestión territorial en una cuestión real y no abstracta.

Qué se solicita, y en qué orden

La primera y más urgente solicitud no es un procesamiento. Es una orden de conservación de pruebas.

Los registros que permitirían acreditar qué sabían estas empresas y cuándo —registros de acceso, de suscripción, documentación contractual, correspondencia interna de escalado— son borrables, y las informaciones publicadas indican que un volumen sustancial de los datos subyacentes se trasladó fuera de servidores europeos en los días siguientes a las primeras publicaciones de agosto de 2025. Cada mes sin una orden de conservación es un mes en el que el registro puede desaparecer lícitamente conforme a las políticas ordinarias de retención. Nadie ajeno a un órgano judicial puede impedirlo. Un tribunal sí.

Las conclusiones de las Naciones Unidas

El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: matanza, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción, y medidas destinadas a impedir nacimientos. La Comisión concluyó que las declaraciones explícitas de autoridades civiles y militares israelíes, junto con el patrón de conducta de las fuerzas israelíes, indican que dichos actos se cometieron con la intención de destruir al grupo palestino de Gaza.

La Comisión está presidida por Navi Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Su informe fue descrito como la conclusión más autorizada emitida hasta la fecha por las Naciones Unidas. Israel rechazó las conclusiones.

De forma separada, en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia concluyó que los palestinos tienen un derecho plausible a ser protegidos frente al genocidio, que existía riesgo de daño irreparable a ese derecho, y ordenó medidas provisionales. En julio de 2024 la Corte emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado. En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el Primer Ministro israelí y el ex Ministro de Defensa por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El coste humano

A 5 de agosto de 2026, el Ministerio de Sanidad palestino informó de 73.381 personas muertas y 174.231 heridas en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, incluidas 1.254 personas muertas desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025. Se desconoce el número de víctimas que permanecen bajo los escombros o en zonas a las que los servicios de emergencia no han podido acceder.

UNICEF informó de que al menos 21.289 de las personas muertas eran menores, y al menos 44.500 de las heridas eran menores, a 3 de febrero de 2026.

Estas cifras constituyen un mínimo, no un máximo. Un estudio de hogares representativo de la población publicado en The Lancet Global Health estimó 75.200 muertes violentas solo para el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025 —aproximadamente un 34,7 % por encima del recuento administrativo del Ministerio para ese mismo período—. El balance real es superior al registro oficial, no inferior.

El Centro de Satélites de las Naciones Unidas constató que, a 11 de octubre de 2025, aproximadamente el 81 % de todas las estructuras de la Franja de Gaza estaban dañadas, incluidas 123.464 completamente destruidas, con una estimación de 320.622 unidades de vivienda dañadas.

El papel de las empresas tecnológicas

Estas empresas no son proveedores pasivos. Suministran infraestructura sin la cual no serían posibles operaciones de esta escala y esta velocidad.

Microsoft. El 6 de agosto de 2025, The Guardian, +972 Magazine y Local Call publicaron una investigación conjunta, basada en documentos internos filtrados y once fuentes, según la cual una unidad de inteligencia militar israelí habría utilizado un entorno personalizado de Microsoft Azure para almacenar grabaciones interceptadas de llamadas telefónicas de personas palestinas, y según la cual fuentes de esa unidad indicaron que el sistema se habría empleado para orientar ataques aéreos en Gaza. El 25 de septiembre de 2025, Microsoft publicó en su propio blog corporativo una declaración en la que confirmaba que su revisión había hallado indicios que respaldaban elementos de dicha información, incluidos indicios relativos al consumo por el Ministerio de Defensa israelí de capacidad de almacenamiento de Azure y al uso de servicios de inteligencia artificial, y en la que manifestaba haber decidido cesar y desactivar determinadas suscripciones y servicios. Microsoft ha declarado asimismo que no tuvo conocimiento de la vigilancia de civiles mediante sus servicios. Esa es precisamente la cuestión que existe para resolver una investigación con potestad para requerir documentación.

Amazon y Google. Según las informaciones publicadas, ambas proporcionan infraestructura de computación en la nube e inteligencia artificial al Gobierno israelí en el marco del Proyecto Nimbus, un contrato cifrado en aproximadamente 1.200 millones de dólares.

Palantir. Según las informaciones publicadas, la empresa proporciona plataformas de integración y análisis de datos al Ministerio de Defensa israelí.

Oracle. Según las informaciones publicadas, la empresa proporciona infraestructura de bases de datos y computación en la nube utilizada en la región.

El alcance del conocimiento de cada empresa sobre el uso dado a sus productos, y las condiciones en que fueron suministrados, son cuestiones de hecho. No pueden dirimirse mediante el periodismo, mediante campañas ciudadanas ni mediante declaraciones corporativas. Pueden dirimirse mediante una investigación con potestad de requerimiento. Eso es lo que solicita esta petición.

En nombre de las víctimas

Esta petición se presenta en solidaridad con las familias que lo han perdido todo y que no pueden llevar su caso ante un tribunal español por sí solas.

ParentsPlea.com es un recurso de documentación de víctimas elaborado a partir de datos del Ministerio de Sanidad palestino junto con investigación independiente de nuestro propio equipo. Es un registro de investigación, no un repositorio de testimonios presentados por familias concretas, y no lo describiremos como tal. Existe para preservar los nombres que hay detrás de las cifras.

Nos solidarizamos con los padres y madres que han perdido a sus hijos, con los niños que han quedado huérfanos, con el personal humanitario asesinado mientras repartía alimentos y con los periodistas asesinados mientras contaban la verdad.

Esta es una de cuatro

España es una de las cuatro jurisdicciones europeas que hemos analizado en profundidad. Las otras son los Países Bajos, Francia e Irlanda. Cada una exige un instrumento jurídico distinto y un argumento distinto, y cada una cuenta con su propio memorándum. Abogados, periodistas, responsables políticos y cualquier persona interesada pueden solicitar cualquiera de ellos, de forma gratuita y sin condiciones, a través del formulario de contacto en NoEthicsInBigTech.com.

Es el momento de exigir responsabilidades. No podemos permitir que el poder corporativo y la abstracción tecnológica creen un velo de impunidad. Pedimos a España que investigue.